La región apunta a que en el 2030, el 70% del consumo de energía eléctrica a nivel regional provenga de las energías renovables. Los expertos coinciden en señalar que esto es una meta alcanzable.
América Latina y el Caribe vienen mostrando al mundo una conjunción de factores tecnológicos, económicos, políticos y sociales que hacen de la región un lugar con las condiciones óptimas para convertirse en referente mundial de la transición energética justa.
Las evidencias tangibles, según el Banco Mundial (2020), radican en que los países de Latinoamérica que poseen riquezas de recursos para desarrollos renovables han visto un aumento del ritmo de las inversiones en la región durante los últimos años.
En 2019, Brasil,Chile y México formaron parte de los 20 países del globo con mayor inversión en el sector de las energías renovables. La mayor capacidad instalada en 2021 tuvo lugar en América del Sur con 244.975 MW, representando alrededor del 85% de la capacidad instalada total en la región. En la última década, los países con mayor desarrollo en el parque de generación en base a energías renovables han sido Chile con 111%, en segundo lugar le sigue Uruguay con 101%, México con 99% y por último Brasil con 66%.
Un crecimiento sin prisa y sin pausa hacia desarrollos limpios
Todo este despliegue ha venido de la mano de avances en la regulación y en las hojas de ruta de los distintos tipos de energías, como es el caso de la energía eólica marina en Colombia y su reciente adhesión a la Alianza globla de energía eólica marina, por ahora siendo el único país de América Latina que forma parte de esta Alianza. Por otro lado, la capacidad instalada al momento y la que se estima se instalará en el futuro cercano en relación a las renovables, hacen de la región del Cono Sur, un área con altísimo potencial para la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno, puede ser empleado como fuente de energía en las diferentes industrias, así como en el transporte y en la calefacción y energización de edificios. Varios países, como Chile,Colombia, Uruguay y Paraguay, ya han publicado sus hojas de ruta en el avance de proyectos de hidrógeno verde.
Estas inversiones son la clave del impulso de la región hacia la descarbonización progresiva y responsable de su economía y posibilitan avanzar con paso firme en ambas transiciones : la energética y la económica. En esta dirección, la transición energética justa es una oportunidad acertada para alinear los flujos del capital financieros con el Acuerdo de París – el tratado climático más importante a nivel global- que incluye el otorgamiento de subsidios, reformas fiscales, la promoción del ahorro y las inversiones en energías no contaminantes.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) si el mundo logra frenar el aumento de la temperatura del planeta a 2°C para finales de siglo, podría dar lugar a unos 15 millones de empleos netos en América Latina y el Caribe para el 2030. Todo ello, gracias a los cambios productivos cuya base se encuentra en los cambios en los sistemas de energía y alimentos .
Cada país avanza hacia las renovables a su propio ritmo
Sin embargo, los ritmos en la marcha hacia el desarrollo de fuentes renovables serán diferentes para cada país. Para aquellos que tengan la ventaja de no depender en lo económico de la extracción de combustibles fósiles será más rápido el proceso, como es el caso de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay. Por esta razón, la transición energética justa se presenta en estos lugares como una oportunidad.
Por otro lado, aunque pueda parecer sencillo, no quiere decir que el proceso deba realizarse a toda costa,sin contemplar los errores que se han cometido en el pasado. Según el Atlas de Justicia Ambiental, que registra alrededor de 3.000 casos de conflictos relacionados con el medioambiente y las sociedades, la mayoría de ellos tienen relación con los desarrollos de infraestructura del sector energético, así como con la extracción de hidrocarburos y minerales .
En esta dirección, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en varios países de América Latina, el acceso a procesos de participación y a la información oportuna,clara y verídica pueden ser el marco que ofrezca más garantías en relación al desarrollo de los proyectos de transición energética. Esto es clave para reforzar la alineación de las políticas gubernamentales y el sector privado con las políticas ambientales que, entre otros beneficios, permiten el acceso a nuevas líneas de créditos, eje fundamental de todo proceso de transición.